20 Nov El Partido Popular de Menorca celebra el aumento del plus de insularidad para los funcionarios del Estado en la isla
Mahón, 20 de noviembre de 2025. El Partido Popular de Menorca celebra el acuerdo para equiparar el complemento de insularidad de los funcionarios del Estado en Baleares al que reciben en Canarias, un avance que pone fin a una reivindicación sostenida durante años por partidos políticos y sindicatos, especialmente, por los representantes populares en las instituciones.
El senador menorquín Cristóbal Marqués, recuerda que el PP ha defendido de forma incansable esta actualización. “El Partido Socialista ha votado en contra en reiteradas ocasiones, pero ahora gracias a la presión de los sindicatos y los partidos políticos, principalmente el Partido Popular, se ha conseguido este acuerdo. Los trabajadores destinados a Menorca no podían seguir soportando un plus de insularidad completamente desfasado, el coste de vida hace cada vez más difícil atraer personal del Estado”. Marqués ha subrayado que esta medida “corrige una injusticia histórica que perjudicaba directamente la calidad de los servicios públicos en la isla” pero aun así, el senador advierte que “este acuerdo debe transformarse en hechos cuanto antes”.
El Partido Popular de Menorca destaca que esta mejora es fruto de una reivindicación constante tanto en las instituciones como en la calle, y que la equiparación a 410 euros mensuales permitirá avanzar hacia una verdadera insularidad digna para los trabajadores públicos destinados a la isla.
Cristóbal Marqués ha querido destacar asimismo que “esta victoria también es de los funcionarios que han alzado la voz, de los sindicatos y de la plataforma Insularidad Digna, cuyo esfuerzo ha sido clave”. Al mismo tiempo, ha insistido en que “el Partido Popular seguirá vigilando para garantizar que el compromiso se materialice sin retrasos y que ningún empleado público de Menorca quede fuera de esta mejora”.
Desde el PP reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para que la doble insularidad sea reconocida y respetada en todas las políticas estatales, especialmente aquellas que afectan directamente al bienestar de los ciudadanos y a la calidad de los servicios públicos de la isla.