06 Mar El GPP defiende que el Govern garantiza la atención sanitaria para todos los ciudadanos en las Islas Baleares
La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Asunción Pons, ha defendido hoy la plena garantía de la atención sanitaria en Baleares a todos los ciudadanos españoles y extranjeros, así como la cobertura médica a todos los inmigrantes que no tengan regularizada su situación, en todos aquellos casos de enfermedades consideradas de salud pública.
En la comisión de Salud del Parlament y durante el debate de una Proposición No de Ley, presentada por el grupo Mes, relativa al derecho a la atención sanitaria, Asunción Pons ha defendido que garantizar la sostenibilidad del sistema y a la vez preservar los derechos de los ciudadanos en la protección y atención de su salud es el primer objetivo de la reforma sanitaria aprobada por el Govern.
La diputada menorquina ha destacado que somos el único país de la Unión Europea que, a pesar de la crisis, mantiene la gratuidad de una amplia cartera asistencial, “ninguna persona se ha quedado sin asistencia sanitaria básica, porque así precisamente lo establece el Decreto Ley que ustedes tanto critican –en referencia a la autora de la proposición, la diputada Fina Santiago-; porque así lo garantiza la Unión Europea; y porque el Gobierno de España lo aplica”.
El Grupo parlamentario Popular, que ha votado en contra de la PNL, ha recordado a Fina Santiago, quien da a entender que se ha introducido un cambio de modelo, que está en vigor el mismo modelo recogido en la Ley General de Sanidad de 1986.
Asunción Pons ha explicado que está plenamente vigente el artículo 1.2 que determina: “Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional”. Tan sólo se ha cambiado el procedimiento para tener la condición de asegurado y equipararnos a los países de la Unión Europea.
La parlamentaria ha subrayado que la Ley de Salud Pública, aprobada por el PSOE en 2011, indica claramente que “la extensión del derecho al acceso a la asistencia sanitaria pública se realizará para determinados colectivos, en función de la evolución de las cuentas públicas”, por lo que Asunción Pons ha recordado a los miembros de la oposición que en el anterior mandato la atención sanitaria quedaba condicionada a la situación económica, “y no consta en este Parlament ninguna proposición suya o de su grupo sobre esta cuestión; cuando la verdad es que la universalidad no estaba garantizada, puesto que dependía de las cuentas públicas”.
Durante su intervención, ha afirmado que ha sido un Govern del Partido Popular quien ha aprobado las medidas y criterios para la universalización de la sanidad pública, así como el Real Decreto Ley 16/2012, “que tanto critican”. “Con la norma que pretenden rechazar se ha conseguido que los extranjeros tengan, al menos, las mismas condiciones de atención que los españoles”, ha dicho Pons.
En ese sentido, ha lamentado que el PSOE no haya explicado todavía porque no incluyó el artículo 7 de la directiva europea que expresa “la prohibición de desplazarse en busca de atención sanitaria”, por lo que ha añadido “aquel olvido -por no emplear otra palabra- ha provocado que España no haya podido facturar la asistencia sanitaria de 700.000 casos como ha acreditado el Tribunal de Cuentas; y ha provocado un gasto extra multimillonario”.
Por último, la diputada ha defendido la eficiencia del Real decreto 16/2012 que “ha puesto orden donde no había y ha solucionado la situación de inferioridad de condiciones que había dejado el PSOE a los españoles respecto a los europeos, que disfrutaban de una magnífica sanidad pública en España, pagada con nuestros impuestos”. Ha asegurado que ninguna persona que lo necesite se quedará desatendida; sea española, extranjera, mujer embarazada, menor de 18 años o necesite atención urgente, todo el mundo recibe y recibirá la atención necesaria, aunque ha dicho Pons “hemos impedido que se aprovechen de nuestro buen sistema de salud pública; evitando que haya personas con recursos que mediante lagunas administrativas se beneficien de los servicios sanitarios españoles, esto no ocurre en ningún país del mundo; y aquí no seremos una excepción”.