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El traspaso del coste efectivo de las competencias de promoción turística es una promesa del gobierno del pacte de izquierdas tanto del Govern Balear como del Consell de Menorca, promesa que se ha visto sistemáticamente incumplida durante esta legislatura. Ahora llega una propuesta acompañada de la opacidad y falta de participación que ha caracterizado al equipo de gobierno de pacto de izquierdas PSOE, MES y PODEMOS del Consell de Menorca.

Tras la aprobación de la modificación de la Ley 8/2012, de 19 de julio, de Turismo de las Illes Balears, el Partido Popular constata la falta de proyecto, iniciativa y liderazgo del Consell Insular de Menorca, que tal como ha venido denunciando hasta el momento, se ve reflejado en una ley que no contempla las especifidades de Menorca, porque el equipo de gobierno ha sido incapaz de explicar y reivindicar una posición conjunta sobre el modelo que defiende para Menorca.  

El Consell Insular de Menorca contemplará una partida de dos millones de euros, como mínimo, en los presupuestos de 2017, para inversiones en urbanizaciones turísticas, en colaboración con los ayuntamientos de Menorca. Así se acordó por unanimidad de todos los grupos, durante el debate de una propuesta presentada por el Grupo Popular, en el pleno del Consell Insular de Menorca, celebrado el pasado lunes 17 de octubre.

La Comisión de Turismo del Parlament ha acogido hoy el debate de una proposición no de ley, presentada por la diputada del Grupo parlamentario Popular, Margaret Mercadal, para instar al Govern a reposicionar las Illes Balears como destino turístico de referencia mundial para personas con algún tipo de limitación o discapacidad,

La portavoz del Grupo Popular en el Consell Insular de Menorca, Salomé Cabrera, ha criticado hoy la frivolidad de la presidenta del Consell Insular de Menorca, Maite Salord, al afirmar que el expediente iniciado por el Partido Popular del proyecto de cuevas de Cala Blanca era un caos, y asegurar que ese caos era debido a la falta de informes de seguridad, cuando en fecha 17 de marzo de 2015 se solicitó dicho informe al que hace referencia la presidenta.
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