26 Ago El senador Cristóbal Marqués pide al Gobierno información sobre el procedimiento de subvención al agroturismo de Alaior
Menorca, 26 de agosto de 2025 – El senador por Menorca, Cristóbal Marqués, ha presentado una serie de preguntas en el Senado dirigidas al Gobierno en relación con la subvención cercana al millón de euros que recibió el agroturismo Llucalari Hotel en 2024. La ayuda fue concedida a través de un acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en el marco de los fondos europeos destinados a proyectos de mantenimiento y creación de empleo en zonas rurales.
Marqués ha pedido al Ejecutivo que aclare “qué criterios técnicos y administrativos se siguieron desde el Ministerio de Hacienda para conceder esta ayuda a un establecimiento que actualmente está siendo investigado por presuntas irregularidades medioambientales”.
En este contexto, ha subrayado que “queremos saber el procedimiento para conceder este tipo de ayudas, para asegurarnos de que el Ministerio verifica que las empresas beneficiarias cumplen con la normativa ambiental y de gestión de recursos hídricos vigente en Menorca, especialmente en la gestión del agua”. Por ello, ha preguntado al Gobierno si realizó dicha verificación en el caso del agroturismo Llucalari.
El senador también ha manifestado la necesidad de contar con mecanismos eficaces de control una vez otorgadas las subvenciones. “Es legítimo preguntarse si el Gobierno dispone de herramientas de seguimientos posteriores que permitan detectar a tiempo posibles incumplimientos cuando las ayudas van enfocadas a una mayor sostenibilidad o cuidado del medioambiente”, ha afirmado.
Marqués también ha preguntado si el Ejecutivo considera necesaria la revisión de la subvención. Además, ha insistido también en la coordinación efectiva entre los distintos ministerios implicados. “Es importante saber qué coordinación existe entre Hacienda, Turismo y Transición Ecológica para garantizar que los fondos europeos destinados a fomentar el turismo sostenible no acaben beneficiando a proyectos que incumplen la normativa medioambiental”, ha afirmado.
Es necesario aclarar los procedimientos para mejorarlos, y además así poner en evidencia a los posibles infractores, la imagen del sector turístico no puede verse manchada por una empresa que incumple. A los que vulneran las normas la administración debe aplicarles la Ley de forma contundente.
Finalmente, el senador menorquín ha expresado su voluntad de que este caso sirva para reforzar los procedimientos de evaluación y seguimiento de las ayudas públicas, con el objetivo de garantizar que los proyectos financiados no solo cumplan con los objetivos económicos y sociales, sino también con los principios de sostenibilidad que inspiran el uso de dichos fondos.