21 May El Grupo Popular advierte que la demolición de los puentes de la carretera general que impulsa el Consell tiene un coste mínimo de 840.000 euros
La demolición de las estructuras construídasen el tramo de la carretera general de Maó a Alaior tendrá un coste mínimo de 420.000 euros para cada una de ellas. Esta cifra, estima el coste de desmontar el hormigón y los movimientos de tierra que deberán también realizarse para la restitución del terrreno a su estado original.
Son las cifras, mínimas, que baraja el Grupo Popular para alertar del disparate económico, el alto coste y el agravio que supone para los ciudadanos que la administración eche por tierra una obra promovida por la propia administración, con el beneplácito de todos los informes técnicos.
La presidenta del PP, portavoz en el Consell, Misericordia Sugrañes, recuerda que erigir las dos estructuras ya tuvo un coste de 1,5 millones de euros, por lo que añadir ahora la factura del desmontaje que quiere precipitar el Consell de Menorca, directamente impulsado por la presidenta Mora, habrá supuesto finalmente una inversión próxima a los 2,5 millones de euros.
No sólo eso, modificar el proyecto y buscar una solución de rotonda a nivel para resolver los cruces, encarecería en unos 600.000 euros el presupuesto actual, eso es, propiciaría un sobrecoste y con ello más retraso en la ejecución. Son aspectos a seguir añadiendo a esta carrera de despropósitos, según advierte Sugrañes. Las apreciaciones de la consellera se basan en el informe técnico encargado por el propio Consell a la consultora YNIPSA, que desaconseja el cambio de modelo.
“Para nada, dinero tirado por la borda, una inversión sin resultado y si acaso con muchos perjuicios”, ha declarado Sugrañes.
La portavoz del PP se refiere al perjuicio ocasionado a la credibilidad de la institución que encargó una obra apoyada por todos los informes técnicos y con dinero transferido desde el Estado como parte del Convenio de Carreteras.
Perjuicio también a la imagen de isla que, durante seis años seguidos ha exhibido ante visitantes y residentes una contundente incapacidad de gestión para sacar adelante un tramo de carretera de apenas 11 kilómetros de longitud con la expresión de dos estructuras inacabadas.
Perjuicio también para la seguridad vial de todos los conductores que han de circular por una carretera imprescindible, todavía en estado de obras e incluso en peores condiciones que las que había en el origen de la reforma (kilómetros y kilómetros de línea continua) y perjuicio a futuro si se opta por una rotonda a nivel, desaconsejadas cuando se da una circulación superior a 5.000 vehículos/día (en el tramo de referencia, en 2017 se calculó en 12.533 veh/día).
Misericordia Sugrañes recuerda además que la obra tenía que estar concluída en 2016 y todavía en este momento, tras cinco años de gobiernos de izquierdas, sigue estando en discusión a pesar de que cuenta con todos los avales técnicos.
Más todavía, la portavoz popular indica la contradicción que supone invertir una abultada cantidad para destruir patrimonio público y encima pretender que se hace para dinamizar la economía. “Nunca el despilfarro fue una buena receta para la economía”, ha declarado Sugrañes, para subrayar además lo inoportuno del momento en que muchas familias se están viendo ya con serias dificultades económicas y que la primera institución menorquina dilapide y tire así el dinero de todos.
El Grupo Popular insiste además en el abuso de poder que supone recurrir a un decreto ley de medidas extraordinarias para flexibilización de la economía para paliar los efectos del coronavirus, para modificar la ley vigente y posibilitar la destrucción de estos puentes. Todo, recuerda Sugrañes, para dar satisfacción a los socios de gobierno (Més per Menorca) que tampoco durante su período de dos años de presidencia en la institución insular fueron capaces de dar con una solución legaly hacer desembocar el proyecto iniciado en una mejora.
“Cada vez está más claro que Susana Mora necesita apuntalar su pacto de gobierno con la destrucción de estas estructuras y si la ley se lo impide, pues dinamita la ley a golpe de decreto”, añade la portavoz popular.
Sobre este asunto, cabe añadir que el Parlament balear tiene previsto llevar el decreto de flexibilización a convalidación por la Cámara Autonómica el próximo día 2 de junio.
El Grupo Popular presentó ayer martes 19 de mayo una iniciativa al pleno del Parlament para solicitar que la modificación de la Ley de Carreteras, que ahora pretende forzar la presidenta Susana Mora para su propia conveniencia y como estrategia de poder, se tramite como una ley ordinaria, con posibilidad de presentación de enmiendas y debate por todos los grupos de la institución, eso es, con las máximas garantías de control democrático.
El Grupo Popular no descarta recurrir judicialmente el decreto, en el caso de que supere el trámite parlamentario de convalidación, entre otras cosas porque compromete la viabilidad futura de la carretera general (el dinero enviado por el Estado se dilapidaría en el mismo acto de la destrucción de los puentes y este hecho puede comprometer inversiones futuras) así como por el hecho de que estaría modificando algunos aspectos de una Ley de rango nacional.