19 Jul El PP Menorca exige que el Estado pague el coste de una regularización masiva improvisada que ha desbordado todas las previsiones
19 de julio de 2026.– El Grupo Popular defenderá este lunes en el pleno del Consell una propuesta de acuerdo para exigir al Gobierno de España que asuma las consecuencias de una regularización extraordinaria de inmigrantes que se ha llevado a cabo sin planificación y ha acabado trasladando toda la presión a los consells insulars, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
El PP recuerda que las cifras oficiales han desmontado por completo las previsiones que el propio PSOE Menorca defendía sobre el alcance de esta regularización. El PSOE afirmó que habría unas 700 personas solicitudes y finalmente en Menorca se han registrado 2.005 solicitudes, casi el triple de lo previsto, una diferencia que, para el PP, demuestra la falta de planificación del Gobierno de España.
El portavoz del PP en el Consell Insular de Menorca, Joan Pons, ha asegurado que “los datos demuestran que el Gobierno ha improvisado con una decisión de enorme trascendencia. El PSOE Menorca hablaba de unas 700 regularizaciones y la realidad es que se han presentado 2.005 solicitudes. Cuando un Gobierno ni siquiera es capaz de prever el alcance de una medida de este calado, queda claro que es puramente electoralista y no le importan las consecuencias”.
Pons ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “ha vuelto a actuar sin planificación y, como ya es habitual, pretende que sean los consells, las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes asuman las consecuencias de sus decisiones”.
“No se puede aprobar una regularización extraordinaria sin evaluar previamente el impacto que tendrá sobre territorios limitados y frágiles como Menorca, donde la presión sobre la vivienda, los recursos hídricos y los servicios públicos ya es muy elevada. Quien toma la decisión tiene la obligación de planificarla y de asumir su coste, no de dejar solos a los consells y a las comunidades autónomas”, ha afirmado.
La propuesta reclama al Gobierno de España la elaboración urgente de un estudio sobre el impacto que esta regularización tendrá en Menorca en ámbitos como la vivienda, el consumo de agua, la sanidad, la educación, los servicios sociales, las infraestructuras y la movilidad. Asimismo, exige la puesta en marcha de un plan extraordinario de financiación para compensar el sobrecoste que deberán asumir las administraciones.
“Nosotros defendemos una inmigración legal, ordenada y compatible con la capacidad real de acogida de Menorca y con la defensa del bienestar de los residentes. No se puede estar cada día alarmando sobre la presión que soportan la vivienda, el agua o los servicios públicos y, al mismo tiempo, aprobar por la puerta de atrás una regularización de 2.675 personas que están en situación irregular que vivirán en Menorca todo el año y las que vendrán por el efecto llamada. Es una incoherencia más de la izquierda”, ha concluido Joan Pons.