10 Jun El PP Menorca exige al Gobierno financiación para que los ayuntamientos puedan asumir las nuevas obligaciones de la Ley de Bienestar Animal
10 de junio de 2025. El grupo popular en el Consell Insular de Menorca defenderá en el próximo pleno una propuesta de acuerdo en la que se solicita al Gobierno de España que habilite recursos económicos y apoyo técnico para que los ayuntamientos puedan asumir y cumplir con garantías y de forma realista con las obligaciones que impone la Ley 7/2023 de Bienestar Animal.
El PP considera que pese a que esta ley representa un avance normativo en la protección de los animales, se ha trasladado a las entidades locales una serie de nuevas competencias sin acompañarlas de financiación ni apoyo técnico, lo que les pone en una situación de insuficiencia financiera y operativa.
Se estima que la aplicación mínima de la ley en un municipio puede suponer un coste anual de entre 100.000 y 150.000 euros. Por ejemplo, los servicios de recogida y atención veterinaria de animales abandonados pueden llegar a costar entre 35 y 50.000 euros, el control y gestión de colonias felinas con el método CER entre 25 y 40.000 euros, y el personal administrativo o policial adicional para el control y seguimiento de todos los procesos pueden suponer entre 20 y 30.000 euros.
El conseller de Medio Ambiente, Simón Gornés, señala que “no se puede imponer a los ayuntamientos un paquete de nuevas competencias tan exigente sin dotarlos de los recursos necesarios. En Menorca los ayuntamientos son pequeños y no disponen de los medios económicos ni humanos para asumir esta carga, por lo que el mismo Gobierno de Sánchez pone en riesgo su aplicación real”.
Asimismo, Gornés lamenta que una ley que tiene puntos positivos la conviertan en una carga financiera y burocrática difícil de asumir para las entidades locales, “como siempre, el Gobierno central aprueba leyes de cara a la galería sin consensuarlas y sin tener en cuenta la realidad de la gran mayoría de ayuntamientos de España”.
En este contexto, el PP pide al Gobierno de España que establezca un fondo específico de financiación local dotado con los recursos suficientes y que junto a la FEMP, se acelere la elaboración del desarrollo reglamentario de la Ley, con el objetivo de delimitar claramente las competencias y facilitar la aplicación de la misma y que elabore directrices claras para la gestión de colonias felinas en espacios de alto valor ecológico.