14 Jun La única opción legal para paralizar el proyecto petrolífero de Spectrum es la declaración de impacto ambiental negativa
La Senadora por Menorca y candidata del PP Menorca al Senado, Juana Francis Pons Vila, ha desmentido hoy que el Gobierno haya reactivado el proyecto para buscar petróleo cerca de Menorca, tal como publican algunos de medios de comunicación y tal como afirma Alianza Mar Blava en el comunicado de prensa que ha emitido.
La tramitación que se está siguiendo con el proyecto de la compañía Spectrum Geo Limited es la que corresponde por ley, nada nuevo que no se haya hecho antes, “la única opción legal para paralizar este proyecto es una declaración de impacto ambiental negativa”, como ya advirtió por primera vez la Senadora por Menorca el 4 de febrero de 2014. “Como siempre se ha venido defendiendo para no tener que asumir posibles indemnizaciones a los promotores como ha ocurrido en otros casos, el PP sigue defendiendo el mismo discurso de siempre, aunque algunos traten de manipularlo por un posible rédito electoral”.
Pons Vila ha explicado que la prórroga de 9 meses del proyecto de la compañía Spectrum Geo Limited es un procedimiento administrativo, de carácter técnico decidido por los funcionarios del MAGRAMA, que velan por el cumplimiento de la legislación vigente.
El Real Decreto 1/2008 de Evaluación Ambiental por el que se rige esta autorización, otorgada por el gobierno de Zapatero y tramitada por la legislación aprobada en su mandato, da un plazo de 18 meses. El expediente de información pública tenía de plazo hasta abril de 2016. En enero de 2016 el MINETUR tramitó una petición de prórroga de este trámite de exposición pública, que según la legislación vigente es de 9 meses. El 50% del plazo, según la Ley 30/92.
Según el MAGRAMA la concesión de esta ampliación no está fuera de plazo, ya que la SGT del Ministerio considera que la legislación ambiental prevalece sobre la Ley 30/92 en este caso, y así lo ha hecho en otras ocasiones, por lo que la prórroga solo se estudia, transcurrido el plazo establecido. Por este motivo, se han dado 9 meses de prórroga hasta enero de 2017 para empezar la tramitación de la información pública y toda la fase de alegaciones prevista antes de emitir el resultado de la DIA.
Pons Vila ha manifestado que no tiene nada que ver con decisiones del Gobierno en funciones, sino que se trata de cumplir con la ley, y es lo que debería hacer cualquier administración, en caso de que no quiera asumir futuras indemnizaciones, tampoco pueden tenerse en cuenta acuerdos de órganos políticos para esta tramitación administrativa.
Teniendo en cuenta que estamos en época de campaña electoral, Pons Vila ha lamentado que algunos traten de rentabilizar políticamente un tema administrativo, que políticamente en Balears está zanjado por la unanimidad de las fuerzas políticas al respecto.
El MAGRAMA con los informes emitidos hasta la fecha ha dejado clara su posición desfavorable a este tipo de actuaciones y de hecho ya se han desestimado otros proyectos como el de Ibiza o el del mar de Alborán.